Se aprobó este jueves una declaración que sostiene que "la regulación legal de los depósitos judiciales del Banco Ciudad es materia y atribución exclusiva reservada a la Legislatura porteña". Lamentablemente, la misma sólo recibió 36 votos, dado que el Interbloque K votó en contra y el bloque Buenos Aires para Todos decidió abstenerse.

Otra vez la defensa de la autonomía porteña peligró en la Legislatura porteña. A propuesta del PRO se planteó el tratamiento de un proyecto de declaración de los diputados Martín Ocampo, Helio Rebot y Cristian Ritondo (PRO), por la cual se afirma que "la regulación legal de los depósitos judiciales del Banco Ciudad es materia y atribución exclusiva reservada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de que los fondos provienen de los contribuyentes y litigantes de la Ciudad y atiende las necesidades de los sectores sociales menos favorecidos".

Asimismo, agrega: "Por otra parte, no afecta las necesidades del crédito nacional. Por estas razones, el proyecto que tramita en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación mediante el Expediente Nº 1943 - D- 2012 es inconstitucional porque vulnera los principios constitucionales de federalismo y autonomía en infracción a los artículos 129 y disposiciones transitorias 15° y 7°, artículo 1° y 2° de la Ley N° 24588, artículo 55 de la Constitución CABA, Ley 1779".

El Cuerpo aprobó el proyecto por 36 positivos (PRO, UCR, Coalición Cívica ARI, Bases para la Unión, Proyecto Sur y Unión Federal), 11 negativos (Alegre, Amor, Bisutti, Cabandié, Form, Gullo, Nena, Palmeyro, Rachid y Romeo) y 5 abstenciones (Basteiro, García Tuñón, González, Neira y Rinaldi).

En los fundamentos de la iniciativa se afirma que el proyecto impulsado por la diputada kirchnerista Diana Conti (que se debatirá en el recinto el próximo miércoles) significaría un "retroceso en el iniciado proceso de traspaso de la Justicia nacional y por las graves consecuencias que podría traer esta medida en detrimento de las condiciones de los trabajadores de la institución".

La operatoria judicial alcanza los seis mil millones de pesos y estos fondos representan el 30% de los activos del Banco Ciudad que son destinado al otorgamiento de préstamos hipotecarios.

El diputado porteño Julio Raffo (Proyecto Sur) dijo al respecto: "Defendemos y defenderemos los fondos de los litigantes de la Ciudad que se depositan en el Banco Ciudad porque son fuente de créditos y de trabajo".

"Los que no defendieron hoy al Banco Ciudad deberán explicarlo tarde o temprano a los porteños", dijo Raffo. Tal como lo hizo en mayo, el diputado aclaró que los fondos en cuestión no pertenecen a la justicia ni a los gobiernos, como pretenden los proyectos del kirchnerismo, sino a los litigantes titulares de esas cuentas.

Obviamente, desde el Frente para la Victoria llegaron las críticas hacia los bloques que decidieron acompañar la declaración. Gabriela Alegre acusó a Proyecto Sur de formar parte de una nueva "cooperativa" con el macrismo para repartir cargos, mientras que Gabriela Cerruti criticó al diputado Alejandro Bodart por sacar pocos votos y no tener poder de "negociar" un cargo en un organismo descentralizado.

El diputado Rafael Gentili (Proyecto Sur) le respondió a Alegre: "Nosotros defendemos la autonomía de la Ciudad porque para eso fuimos votados y juramos hacerlo, más allá de los intereses partidarios. Por eso, y aunque el espacio que integro está ideológicamente más cercano al Gobierno nacional que el PRO, vamos a votar a favor del Banco Ciudad y de la autonomía".

Mientras que Bodart sostuvo: "Hay que terminar con el doble discurso. No tenemos problemas en votar como el PRO porque es en defensa de la autonomía porteña y le recuerdo a la diputada Cerruti que ingresé a esta Legislatura sólo con un uno por ciento menos que los que sacó su lista, que acompañaba al Gobierno nacional, o sea que no me venga a correr con eso".

Cerruti igualmente pidió que así como se puso en consideración el proyecto del PRO se planteara la iniciativa del diputado Juan Pablo Arenaza (Bases para la Unión) para dejar sin electo el llamado a licitación para determinar qué institución bancaria se quedará con el pago de sueldos a la administración pública porteña.