La pelea de los gremios docentes para que el Gobierno convoque a una paritaria nacional sufrió un revés luego de que la Justicia rechazara un amparo presentado por la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

Por lo pronto, el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 60 determinó que “no es idónea” la vía del amparo porque “no se advierte por parte del Estado nacional omisión manifiestamente ilegal o arbitraria” con respecto a la paritaria federal del sector.

La decisión de la jueza Alicia Pucciarelli va línea con el reciente decreto del Ejecutivo en donde se ratificó la eliminación de la paritaria nacional docente y modificó la representación gremial en la mesa de diálogo perjudicando a la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el gremio mayoritario del sector.

De esta manera, la Justicia entendió que el Estado no incurrió en una conducta antisindical ni tampoco afectó el derecho constitucional a la negociación colectiva.

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, el titular de la UDA, Sergio Romero, anticipó que apelará el fallo y además ampliará su denuncia contra el Gobierno en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “limitar el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y al trabajo de los docentes de la gestión pública y privada”.

El fallo de la Justicia menciona la posición del Estado, que señaló que “no es empleador de los docentes, carácter que sí tienen los estados provinciales”, y agregó que “ellos son, por tanto, los competentes para dirimir las cuestiones de discusión salarial con los docentes”.

En ese sentido, la jueza consideró que la pretensión de la UDA es una controversia de interés “dirigida a presionar sobre la pauta salarial en el nivel equivocado, ya que debe articularse en las respectivas jurisdicciones donde se despliega la actividad y se negocian las escalas retributivas”.

En su dictamen, la magistrada también señala que a partir de la transferencia de los servicios educativos a las provincias “son éstas quienes tienen la exclusiva competencia de la regulación y administración en sus jurisdicciones de las condiciones salariales de su personal docente”.

A través del decreto 52/2018 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó la reglamentación del artículo 10 de la ley 26.075 de Financiamiento Educativo con dos consecuencias para la relación con los gremios docentes.

Por un lado busca derribar el argumento que utilizan los sindicatos para el llamado a la paritaria nacional y además procura “igualar” la representación gremial en los mesa de discusión nacional, que en la práctica significa recortar el poder de acción de Ctera en ese ámbito.

El nuevo decreto modifica la reglamentación de ese artículo puntual que habla de un convenio marco sobre condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente. La discusión está en lo referido al salario mínimo docente que es tomado como argumento paritario por los gremios mientras que para el Gobierno solo se trata “un ámbito de discusión”.

Con esta movida el Gobierno busca desactivar el pedido de paritarias nacionales que los gremios vienen reclamando desde la finalización del ciclo lectivo 2017 y cada inicio de año desde la llegada de Cambiemos al poder.