Duro comunicado contra la obligatoriedad del posnet

Duro comunicado contra la obligatoriedad del posnet

Alejandra Lazo

03 Abril 2018

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El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal señaló su más enérgico repudio frente a la obligatoriedad del uso de medios electrónicos como forma de pagos a comercios, empresas, profesionales y monotributistas que vendan productos y servicios al consumidor final, incluyéndose por resolución de AFIP de manera “a todas luces incorrecta” a los profesionales del Derecho y otras Ciencias Universitarias.


Según señalan la AFIP interpretó erróneamente las disposiciones de la Ley 27.253 (v. art. 10 de dicha ley) mediante la Res. Gral. 3997-E y la circular 1-E 2017, por lo cual dicho organismo entendió que los profesionales en general prestamos servicios de consumo masivo quedando comprendidos en dicha obligatoriedad; debiendo contar cada profesional con una terminal electrónica P.O.S. para la cancelación de honorarios y retribuciones por la prestación del servicio brindado, con tarjeta de débito por parte del cliente.

“No existe ni el más mínimo atisbo de duda de que los servicios que prestamos NO SON DE CARÁCTER MASIVO, muy por el contrario son individuales y, la mayoría de las veces, a medida de cada uno de nuestros clientes. Solo insinuar que "venderíamos nuestros servicios" constituye una afrenta a toda la familia de la Abogacía Argentina”, sostienen desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).

Asimismo expresan: “Los servicios de consumo masivo son aquellos cuya demanda es alta por ser requeridos y utilizados por totalidad o gran parte de comunidad en su conjunto (por ejemplo los productos de la canasta básica, servicios de internet, medicina prepaga, televisión por cable, telefonía móvil, entre otros); mientras que los servicios que brindamos los profesionales independientes se hacen ante cuestiones puntuales y a requerimiento del 'cliente', es decir, no existe el ofrecimiento directo, de hecho, en muchos Colegios y Consejos Profesionales de existir ese ofrecimiento si no se adecuara a determinados protocoles, sería una falta ética”.

Y agregan: “Confundir a quien ejerce el comercio con un profesional independiente es desconocer la naturaleza jurídica más elemental que distingue de manera tajante a las obligaciones de medios y las de resultados, produciéndose un escándalo jurídico enorme desconocido desde las Leyes de Manú hasta nuestros días”.

Además, amplían: “En esa inteligencia es dable señalar que los Abogados en el ejercicio profesional, realizamos prestaciones personalizadas con limitaciones en la cantidad de casos que podemos tramitar al mismo tiempo y sin difusión de los servicios que prestamos. A mayor abundamiento es que estamos excluidos expresamente del ámbito de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor (conf. art. 2 de la Ley 24.240), por la diferencia entre obligaciones de medios y resultados. Así, resulta claro que la obligación impuesta en el art. 10 de la ley 27.253 no debe alcanzar a los servicios profesionales brindados por los Abogados y profesionales independientes de otras ramas, derivando los mismos en serios perjuicios para todos”.

Por otra parte desde el CPACK afirman: “Si bien uno de los objetos de la ley citada es pretender aumentar los controles con el noble fin de evitar la evasión, la interpretación incorrecta de la normativa a lo que llevaría es al efecto contrario, ya que no se tiene en cuenta, por ejemplo, que los Letrados trabajamos muchas veces en casos de personas pertenecientes a clases pauperizadas que no se encuentran bancarizados los que, deberían pagar en negro, o bien hasta podría llegarse a producir un estado de indefensión sin acceso a la justicia de quienes se ecuentren en dicho estado u otro similar, rompiéndose el sagrado Derecho a la Tutela Jurídica Efectiva”.

Por último llama “a la reflexión de las autoridades nacionales a efectos que de inmediato reviertan esta ilegal e inequitativa situación que, en nuestro caso, pulveriza sobre todo el acceso a la justicia de los más vulnerables y, el Derecho Constitucional de Trabajar consagrado por los arts. 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional”.

 

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