Por Paula Rabacov

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Recientemente Chile y Perú intentaron introducir regulaciones relacionadas al comercio electrónico afectando a ciertas empresas de tecnología, y han producido un notable rechazo entre expertos y organizaciones de la sociedad civil. A pesar de que ambas propuestas son significativamente distintas, las dos comparten la similitud de que cuentan con importantes deficiencias. En Chile, el proyecto de ley Nº 14.561-19 que regula las plataformas digitales busca mejorar el balance de poder entre empresas y ciudadanos, y establece reglas que organizaciones de la sociedad civil han calificado como en contra de los derechos fundamentales en internet. En Perú, el proyecto de ley 415 de 2021 modifica varios artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor y tiene el potencial de generar consecuencias no deseadas para el desarrollo digital peruano y la adopción del comercio electrónico, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas que se enfrentarían a mayores costos y barreras de entrada.

En la misma línea, durante la pandemia el Ministerio de Producción peruano introdujo regulaciones que exigían a las empresas que operan online el requisito de contar con al menos dos por ciento de ventas realizadas en modalidad digital sobre el total de las mismas, y el uso de sus propios recursos logísticos en lugar de poder optar por servicios tercerizados o de plataformas. Asimismo, las ventas online fueron limitadas al área metropolitana de Lima, excluyendo a más de cuarenta por ciento de las ventas por internet que se producen en otras regiones. Esta normativa provocó un descenso de las operaciones de comercio electrónico, estimado en un 32% interanual durante el mes de marzo según PayU.

Reacciones precipitadas e imprudentes que pretendan regular a las empresas que ofrecen soluciones en línea o digitales podrían perjudicar el crecimiento del comercio electrónico e impedir que las PYMEs se expandan hacia nuevos canales de venta. Los responsables en la implementación de este tipo de políticas deben actuar con cautela para evitar consecuencias imprevistas al regular empresas con modelos de negocio nuevos y complejos, que ofrecen servicios y productos competitivos y dinámicos. Esto cobra mayor relevancia al considerar la ola de investigaciones antimonopolio que recorren Europa y Estados Unidos, y que afecta a  grandes empresas y al comercio electrónico: ante el mayor escrutinio por parte de los organismos antimonopolio de los países desarrollados, es imperativo que los reguladores latinoamericanos se tomen el tiempo de examinar el impacto económico que los servicios de comercio electrónico han tenido en la región, y cómo estos servicios se integran y compiten con los canales minoristas tradicionales en sus propios mercados.

Como muestra el estudio de Access Partnership "El comercio electrónico en América Latina: Maximizando el crecimiento equitativo y el potencial del comercio minorista post-Covid-19", el comercio minorista es uno de los sectores más dinámicos de la región y, como tal, es un motor de crecimiento económico e innovación. Hay empresas internacionales como Shopee, Walmart y Amazon, grandes jugadores latinoamericanos como Mercado Libre y Falabella, y muchos minoristas locales que tienen llegada a los consumidores tanto a través de la venta tradicional como del comercio electrónico. El sector cuenta con cada vez más empresas que utilizan una estrategia de ventas omnicanal, donde el comercio electrónico es, en última instancia, sólo uno de los canales de venta existentes, y donde las soluciones en línea y en persona se complementan y compiten entre sí. Además, los países latinoamericanos se encuentran en una fase de desarrollo muy diferente y tienen realidades de mercado distintas a la de Estados Unidos y Europa. A pesar de haber experimentado algún nivel de crecimiento durante la pandemia, el comercio electrónico solo representó el 11% de las ventas minoristas en 2021, y a medida que se van levantando las medidas de distanciamiento social y las cuarentenas sanitarias, el ritmo del comercio electrónico se ralentizará. En México, por ejemplo, un reciente reporte de la Asociación Mexicana de Venta Online indica que sólo el 11,3% del total de las ventas de 2021 se produjo a través de servicios de comercio electrónico.

Lo que la región necesita son marcos regulatorios adecuados de acuerdo a su finalidad: es decir, que sean lo suficientemente claros como para evitar la ambigüedad legal y lo suficientemente flexibles como para permitir el crecimiento del comercio electrónico. Estos deben ser adaptables a las cambiantes condiciones del mercado y modelos de negocios, y al uso de la tecnología y las aplicaciones digitales. Al mismo tiempo, la normativa debe ofrecer suficientes garantías para proteger a las empresas y a los consumidores del fraude en línea, las filtraciones de datos y los ciberataques. La falta de regulaciones transversales que garanticen la seguridad de las transacciones en línea, como el marco regulatorio de ciberseguridad o las leyes de protección de datos, y/o las políticas que fomenten la adopción de sistemas de pago electrónicos y digitales, son cuellos de botella que aún deben ser abordados en la región.

A través de la expansión de nuevos canales de ventas y la coexistencia de diferentes modelos de negocios, el crecimiento del comercio electrónico impulsará la competencia en sector de ventas minoristas, y le ofrecerá a los consumidores y a los productores una gama mayor de opciones de productos y mercados, fomentará la productividad, la integración regional y, fundamentalmente, el crecimiento económico. La región debe evitar la implementación de regulaciones negligentes que puedan comprometer el desarrollo del comercio electrónico para recuperarse y salir fortalecida de la crisis económica provocada por la pandemia. América Latina no puede permitirse perder esta oportunidad.

*Paula Rabacov es la especialista en Brasil de Access Partnership. Abogada, con dos masters, uno en Derecho Público de la Universidad de Paris II Panthéon-Assas y otro por la University College London. Antes de incorporarse a Access Partnership, trabajó en bufetes de abogados en Brasil asesorando a clientes sobre disputas del sector de infraestructura. Tiene una amplia experiencia en derecho público y asuntos regulatorios.