Fernando Borjón
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El 31 de marzo de 2022, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) publicó el inicio de una investigación sobre el sector del comercio electrónico minorista (e-commerce) en México.

COFECE destaca que la investigación ha sido motivada por un crecimiento del mercado de un 35% entre 2019 y 2021, por lo que es necesario vigilar que el mercado opere y se desarrolle en condiciones de competencia. En este sentido, su objetivo es identificar si existen barreras a la competencia y a la libre concurrencia, así como los insumos esenciales de este mercado.

Durante los dos últimos años, la pandemia ha impulsado una mayor digitalización de los productos y servicios, lo que ha contribuido a mantener la continuidad en nuestras actividades, al tiempo que cumplíamos con las restricciones de distanciamiento social. Esto significó que el comercio electrónico, que ofrecía a los consumidores y a las empresas una solución para superar las interrupciones en la cadena de suministro y tener acceso a los bienes y servicios básicos, experimentara un aumento espectacular durante este periodo.

Conforme a lo reportado en el estudio de Access Partnership, en el caso de México, más de un millón de consumidores adquirieron productos en línea en tan sólo nueve meses del 2020. Este crecimiento se dio en gran parte por nuevos consumidores que empezaron a utilizar el comercio electrónico durante la pandemia. Conforme lo ha destacado COFECE, este crecimiento alcanzó niveles superiores a los 540 mil millones de pesos en 2021.

Este ritmo de crecimiento ya se ha reducido, sin embargo el aumento de la penetración del comercio electrónico ha puesto de manifiesto las persistentes carencias de política pública de México. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (UNCTAD 2020), México está muy retrasado en su grado de preparación para participar en el comercio electrónico y beneficiarse de él. México ocupa el lugar 93 de 152 países analizados, su puntuación es de 46.8 puntos, ubicándose por debajo de la media de América Latina y el Caribe (48.86). Como referencia, el promedio de este indicador en las economías desarrolladas es de 87 puntos, valor superado por nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, con 91 y 90.8 puntos respectivamente, casi el doble de lo obtenido por México.

Si bien las investigaciones como la realizada por la COFECE son necesarias para garantizar la no existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia en el sector, quienes desarrollan políticas públicas deben actuar con cautela a la hora de considerar regulaciones que puedan afectar a los canales de comercio electrónico minorista, que compiten con los comercios tradicionales (brick and mortar).

A pesar del crecimiento en el sector durante la pandemia, la penetración del comercio electrónico sigue siendo baja, con muchos retos fundamentales aún por resolver. En el caso de México podemos identificar estos retos en la exclusión financiera, los retrasos del sistema postal y la falta de fiabilidad de los servidores de apoyo para realizar las transacciones, éstas son cuestiones de política pública que es necesario abordar. Cabe señalar, que para superar éstas limitaciones, algunas PYMEs se han asociado con actores existentes en los mercados en línea y así poder participar en el comercio electrónico.

En este contexto, México debe reconocer el rol pro-competitivo que el comercio electrónico representa en beneficio del consumidor y evitar sobrerregular a las empresas de comercio electrónico y a los mercados digitales existentes. Es por ello que introducir cambios normativos similares a los que se están debatiendo en países más desarrollados, solo perpetuaría las brechas existentes con dichos países, en lugar de reducirlas e impulsar el desarrollo del sector.

*Fernando Borjón tiene más de 20 años de experiencia en el sector TIC, trabajando principalmente con el gobierno mexicano. Ha ocupado cargos de alto nivel, entre ellos, Jefe de la Agencia de Promoción de Inversiones en Telecomunicaciones, donde fue responsable del proyecto Red Compartida, Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Coordinador de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Como miembro de la Junta de Reglamentos de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y ex presidente del Grupo de Expertos en Reglamentos de Telecomunicaciones Internacionales de la UIT, Borjón ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de mejores prácticas regulatorias a nivel mundial.