Por María Roberta Perujo Rivas
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La tensión entre la política y el periodismo no es nueva. Todos los gobiernos, en mayor o menor medida, convivieron con periodistas incómodos, coberturas críticas y discusiones públicas. Lo novedoso no es la existencia del conflicto, sino la intensidad que adquirió en los últimos años y la necesidad de transformar cada diferencia en una batalla moral permanente, donde el adversario deja de ser alguien con otra mirada para convertirse directamente en un enemigo.
En la Argentina actual, el presidente Javier Milei hizo de esa confrontación una parte central de su identidad política. Periodistas, economistas, artistas, dirigentes opositores, universidades y distintos sectores sociales aparecen frecuentemente como blancos de cuestionamientos públicos que muchas veces dejan de centrarse en las ideas para avanzar hacia la descalificación personal. Sin embargo, sería un error analizar este fenómeno como un rasgo aislado o únicamente argentino, porque responde a una lógica política mucho más amplia y contemporánea.
Las redes sociales modificaron profundamente la forma en que se construye poder. La política ya no depende solamente de la gestión, de los acuerdos o de los resultados concretos, sino también de la capacidad de sostener atención constante en una conversación pública cada vez más acelerada y emocional. En ese escenario, el conflicto suele rendir mucho más que la explicación y la confrontación genera más impacto que cualquier intento de moderación.
Por eso, señalar enemigos visibles se convirtió en una herramienta extremadamente eficaz para consolidar liderazgo, ordenar audiencias y fortalecer identidades políticas. El problema es que cuando esa lógica se vuelve permanente, el debate público comienza a degradarse lentamente. Ya no importa demasiado qué se discute, sino quién habla, a qué espacio pertenece y contra quién se posiciona. La conversación democrática empieza entonces a organizarse alrededor de lealtades emocionales antes que alrededor de ideas.
De todos modos, sería ingenuo analizar este escenario sin observar también la profunda crisis de credibilidad que atraviesa parte del periodismo. Durante años, muchos medios y comunicadores confundieron información con militancia, análisis con operación política o periodismo con activismo partidario. Esa pérdida de confianza pública generó un terreno fértil para que distintos dirigentes encontraran rédito político en el ataque permanente a periodistas y medios de comunicación.
Ahí aparece una paradoja incómoda pero real: parte de la sociedad acompaña esos cuestionamientos porque hace tiempo dejó de percibir al periodismo como un actor independiente o confiable. Sin embargo, una crisis de credibilidad no justifica que desde el poder se impulse una lógica donde toda crítica se interprete automáticamente como una operación, una traición o un intento de desestabilización.
El periodismo tiene la obligación de informar, preguntar y ejercer una mirada crítica sobre el poder, incluso en contextos hostiles o polarizados. La política, por su parte, necesita convivir con esa incomodidad sin transformar cada cuestionamiento en una declaración de guerra. Porque cuando el poder necesita enemigos constantes para sostener identidad y respaldo emocional, el problema deja de ser solamente político o periodístico y pasa a convertirse en un problema cultural mucho más profundo.
Las sociedades que viven atrapadas en el enojo permanente suelen perder algo más importante que una discusión pública saludable: pierden la capacidad de escucharse entre sí.