Por María Roberta Perujo Rivas

Periodista en AdnCiudad.com

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil rumbo a Estados Unidos, con la colaboración del Gobierno argentino y la coordinación de la administración de Donald Trump, expuso una cuestión que va mucho más allá de una operación reservada. ¿Hasta dónde está dispuesto Javier Milei a comprometer los intereses del país para favorecer a sus aliados políticos?

El senador brasileño abandonó su país junto con su familia pese a las restricciones judiciales que buscaban impedir su salida. Cruzó la frontera por Misiones en una combi con patente diplomática argentina y continuó su viaje hacia Estados Unidos. Según consta en el plan de vuelo, lo hizo con un pasaporte italiano, mientras la Justicia brasileña le había ordenado entregar sus pasaportes. Luego, agradeció públicamente a Milei por la ayuda recibida.

La contradicción con el discurso oficial es difícil de ignorar. El Gobierno endureció las reglas migratorias mediante el Decreto 366/2025, con el argumento de impedir el ingreso de extranjeros en determinadas situaciones penales o legales. Bolsonaro no tiene condena ni pedido de captura, pero sí investigaciones judiciales en curso, que motivaron la prohibición de salir de Brasil y el reclamo de entrega de sus pasaportes. Sin embargo, cuando se trata de un aliado político, Milei coordinó una operación internacional para facilitar su salida de Brasil. ¿La exigencia de cumplir las reglas vale para todos o depende de quién sea el beneficiario?

Según un funcionario de Casa Rosada, Milei conocía los planes y existió coordinación con Washington. Sin embargo, varios integrantes del Gobierno ignoraban el operativo y circularon versiones contradictorias sobre el traslado. La maniobra involucró al Estado argentino, pero todavía exige explicaciones claras sobre las decisiones que se tomaron y los motivos que las impulsaron.

El problema no es que Milei tenga aliados ideológicos ni que busque acuerdos con Donald Trump. El problema es que el Gobierno parece haber puesto recursos y capacidad de gestión al servicio de una operación política cuyo principal beneficiario era un dirigente extranjero. Que el ingreso a la Argentina haya sido legal no responde por sí solo a las preguntas sobre el papel del Estado ni sobre las razones de esa intervención.

La situación resulta todavía más delicada por el estado de las relaciones con Brasil. Los ataques personales de Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva contribuyeron a deteriorar el vínculo bilateral, hasta llegar a una crisis diplomática que incluyó la salida del embajador brasileño de Buenos Aires y la reducción del nivel de representación. En ese contexto, ayudar a la familia de un adversario político de Lula difícilmente pueda considerarse un hecho sin consecuencias.

Brasil es un socio estratégico de la Argentina. La relación bilateral no pertenece a los presidentes de turno ni debería quedar subordinada a sus simpatías o antipatías personales. La relación comercial y la integración regional no pueden quedar subordinadas a las diferencias personales entre dos presidentes. El costo de ese enfrentamiento no lo pagan Milei ni Lula: lo paga un país que necesita sostener vínculos estables con sus vecinos.

El antecedente español refuerza el interrogante. En mayo de 2024, el gobierno de Pedro Sánchez retiró definitivamente a su embajadora en Buenos Aires luego de que Milei calificara de «corrupta» a Begoña Gómez, esposa del mandatario, durante un acto de Vox en Madrid, y se negara a disculparse. Los reiterados agravios volvieron a tensar la relación bilateral.

Un presidente puede discrepar con otro gobierno, cuestionar sus políticas y defender ideas opuestas. Lo que no debería hacer es confundir las diferencias ideológicas con los ataques personales. Cuando habla, representa a un país entero. Por eso, cada insulto y cada decisión que toma en función de sus disputas pueden tener consecuencias que exceden largamente su figura.

La política exterior no puede ser una extensión de las amistades y enemistades del Presidente. Tampoco una red de favores entre dirigentes que comparten una ideología. La Argentina necesita una estrategia que defienda sus intereses, no que los subordine a las simpatías de quien gobierna.

La pregunta es inevitable: ¿la política exterior argentina responde a los intereses del país o a las afinidades y los enfrentamientos personales de Javier Milei?