Nuevas reglas para Uber, Cabify y DIDI

La Justicia porteña ordenó que los conductores de Uber, Cabify y DiDi deban contar con licencia profesional, seguros especiales y nuevas habilitaciones para seguir trabajando en la Ciudad. El fallo además incluyó fuertes cuestionamientos al accionar del Gobierno porteño por los controles sobre las plataformas durante los últimos años.

Un fallo de la Justicia porteña cambia las reglas para miles de conductores que trabajan con aplicaciones de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahora, los choferes de Uber, Cabify y DiDi deberán contar con licencia profesional, seguros específicos y habilitaciones similares a las que ya tienen taxis y remises para poder seguir prestando servicio.

La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña, luego de una presentación impulsada por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces entendieron que las plataformas no funcionan únicamente como intermediarias tecnológicas, sino que forman parte de un sistema de transporte de pasajeros y, por lo tanto, deben quedar alcanzadas por controles equivalentes.

El fallo impacta directamente sobre un sector que hasta ahora operaba, en muchos casos, con licencias particulares comunes. Según la resolución judicial, mientras no exista una normativa específica para regular este tipo de aplicaciones, los conductores deberán adecuarse a las mismas exigencias que rigen para taxis y remises.

Entre las nuevas obligaciones aparecen la licencia profesional, seguros especiales para transporte de pasajeros, cobertura para conductor y usuarios, además de distintas habilitaciones y controles administrativos. La medida también deja abierta la puerta a futuras regulaciones que pueda implementar el Gobierno porteño.

Los camaristas Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín sostuvieron que las apps integran un “servicio global de transporte” y respaldaron esa postura con antecedentes internacionales, incluyendo resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En el escrito, además, hubo fuertes cuestionamientos hacia la actuación del Gobierno de la Ciudad durante los últimos años. Los jueces remarcaron que mientras oficialmente se calificaba a Uber como un servicio clandestino, al mismo tiempo existía una tolerancia que permitía su funcionamiento y hasta la difusión publicitaria en espacios públicos sin controles efectivos.

La resolución también apunta contra las empresas detrás de las plataformas. La Justicia ordenó avanzar en mecanismos para el cobro de impuestos locales y reclamó campañas de información dirigidas a usuarios sobre posibles riesgos vinculados a seguros, licencias y condiciones de cobertura ante accidentes.

Otro de los puntos centrales del fallo beneficia al sector de taxis. La Cámara determinó que mientras continúe existiendo una diferencia regulatoria entre taxis y aplicaciones, el Gobierno porteño no podrá cobrar determinados aranceles administrativos a los taxistas vinculados a licencias y trámites operativos. Para los jueces, no puede mantenerse una estructura de costos más exigente para un sector que compite con otro bajo condiciones menos estrictas.