Nuevas medidas de control

El Gobierno de la Ciudad declaró por 90 días la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados y reforzó los controles sobre comercios para verificar el origen legítimo de equipos, partes y repuestos. Además, estableció cuatro Zonas de Alta Criticidad donde se suspenderán nuevas autorizaciones y ampliaciones vinculadas con esta actividad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decretó una serie de medidas destinadas a reforzar el control sobre la comercialización y reparación de celulares usados y, de esta manera, dificultar que equipos robados ingresen al circuito comercial. La disposición establece una emergencia por 90 días, dispone controles extraordinarios y delimita zonas consideradas de alta criticidad.

“Se terminó la mafia de los celulares robados. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Que quede claro, el que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante: es un delincuente que forma parte de una red mafiosa”, sostuvo Jorge Macri.

En ese sentido, agregó: “En las zonas de alta criticidad, no se va a habilitar ni un solo local más de ‘reparación de celulares’ y van a tener que demostrar el origen de cada pieza que tengan. Ley y orden”.

La medida establece un esquema de control que combina acciones extraordinarias durante la emergencia con un sistema de registro y trazabilidad para identificar establecimientos, equipos, partes, repuestos y operaciones. El objetivo es dificultar la comercialización de teléfonos robados y verificar el origen legítimo de los elementos que se encuentran en los locales.

Las medidas son las siguientes:

1. Emergencia por 90 días
Se declara por 90 días corridos la emergencia de la actividad de comercialización y reparación de celulares usados en todo el territorio porteño.

2. Refuerzo de los controles
Durante la emergencia se reforzará la fiscalización y el control de la actividad, mientras se completa la implementación de las nuevas medidas de registro y control previstas en el Decreto 295/26.

3. Operativos extraordinarios
La Agencia Gubernamental de Control (AGC) y el Ministerio de Seguridad adoptarán medidas extraordinarias para controlar el ejercicio de la actividad. También realizarán operativos coordinados en comercios y ámbitos que presenten mayores indicadores de riesgo.

4. Control sobre el origen de los equipos
La AGC implementará procedimientos extraordinarios de fiscalización para verificar la legítima compra o tenencia de celulares, partes y repuestos. Los comercios deberán acreditar el origen legítimo de los equipos que tengan para la venta o reparación.
Los locales que no puedan demostrar la procedencia de los elementos podrán ser clausurados.

5. Zonas de Alta Criticidad
El decreto establece la creación de “Zonas de Alta Criticidad”, determinadas a partir de distintos indicadores vinculados con la actividad: concentración territorial de delitos e infracciones, secuestros y recuperos de equipos, denuncias e investigaciones, resultados de operativos, concentración de establecimientos y antecedentes de incumplimientos.

6. Primeras zonas de intervención
Las primeras áreas alcanzadas por esta medida son Retiro–Microcentro, Balvanera–Once, Liniers–Límite Oeste y Chacarita–Villa Crespo.

7. Suspensión de nuevas autorizaciones
Mientras esté vigente la emergencia, dentro de las Zonas de Alta Criticidad se suspenderán el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones de actividad económica vinculadas con la comercialización o reparación de celulares usados.
La suspensión también alcanzará las transmisiones por transferencia y las ampliaciones de rubro o superficie destinadas a esas actividades.

El esquema se suma al sistema de trazabilidad de celulares usados que ya contempla la normativa porteña. La Ley 6009 establece que quienes comercializan o reparan estos equipos deben registrar los teléfonos, partes, repuestos y operaciones, además de conservar documentación que permita acreditar su legítima adquisición o tenencia.

La normativa también contempla sanciones para quienes no registren los equipos u operaciones o no puedan acreditar su procedencia, incluyendo multas, decomiso y clausura de los establecimientos.

Desde el Gobierno porteño vincularon estas nuevas medidas con el esquema de ordenamiento urbano y seguridad implementado desde diciembre de 2023, que incluyó el desalojo de 670 cuadras de manteros que ocupaban parques, plazas y veredas comerciales; operativos de control en los límites de la Ciudad y de saturación en grandes centros de transporte; la recuperación de más de 900 propiedades usurpadas para devolverlas a sus propietarios y controles sobre nuevas construcciones en barrios y villas como la 31 y La Carbonilla.