Debate por el traspaso de la Justicia Laboral

La Legislatura porteña sesionará este jueves con una agenda que incluye el convenio para transferir la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad, la extensión de un subsidio a veteranos de la Guerra de Malvinas jubilados y cambios en el régimen de gratuidad del subte para jubilados y pensionados. También se debatirán modificaciones al Banco Ciudad, becas estudiantiles y distintas iniciativas de impacto urbano y tributario.

El temario acordado para la sesión ordinaria del 27 de agosto contempla, entre sus principales asuntos, el proyecto que extiende el subsidio mensual y permanente previsto por la Ordenanza 39.827/84 a los agentes de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que participaron en acciones bélicas durante la Guerra de Malvinas y que actualmente se encuentran jubilados o inicien su trámite jubilatorio.

La iniciativa establece que el beneficio alcanzará a quienes acrediten haber integrado las Fuerzas Armadas Argentinas y participado efectivamente en acciones bélicas en el teatro de Operaciones Malvinas o en el teatro de Operaciones del Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Para acceder al subsidio deberán presentar el Certificado Único de Veterano de Guerra actualizado, expedido por el Ministerio de Defensa de la Nación. El beneficio tendrá carácter vitalicio y no será transferible a derechohabientes.

Otro de los proyectos centrales será el convenio de transferencia de competencias y funciones de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita del Poder Judicial porteño. El acuerdo, firmado el 9 de febrero de 2026 entre el Estado Nacional y el Gobierno porteño, prevé que las nuevas causas laborales que se inicien una vez implementado el fuero local queden radicadas en la Justicia del Trabajo de la Ciudad.

El proyecto contempla un régimen de transición para los expedientes que ya se encuentren iniciados, que continuarán bajo competencia de la Justicia Nacional del Trabajo hasta el dictado de la sentencia definitiva. Al mismo tiempo, determinados asuntos permanecerán bajo jurisdicción federal, entre ellos los conflictos colectivos de trabajo, las cuestiones vinculadas con asociaciones sindicales y las causas en las que sea parte el Estado Nacional.

La puesta en marcha del nuevo esquema también implica compromisos para ambas jurisdicciones. El Gobierno porteño deberá concursar y seleccionar magistrados y representantes del Ministerio Público, además de disponer los recursos operativos y edilicios necesarios. Por su parte, el Estado Nacional deberá avanzar en la transferencia progresiva de partidas presupuestarias y no realizar nuevas designaciones para cubrir las vacantes de los tribunales alcanzados por el convenio.

En el recinto también se tratará una modificación a la Carta Orgánica del Banco Ciudad. La propuesta establece nuevas pautas para el destino del remanente de utilidades netas de la entidad, una vez cumplidas las reservas y demás obligaciones previstas. El esquema contempla que esos recursos sean destinados al financiamiento de créditos hipotecarios y a obras de infraestructura, con un piso del 25% del remanente para las líneas destinadas a vivienda.

Entre las iniciativas vinculadas con políticas sociales figura además la modificación de la ley que establece la gratuidad del transporte subterráneo para jubilados y pensionados. El proyecto busca facilitar el acceso al beneficio mediante una gestión presencial y sin turno previo en las estaciones cabecera y sedes comunales, además de establecer una tarjeta física específica e independiente de entidades bancarias o proveedores de servicios de pago.

La propuesta fija como únicos requisitos el DNI y el último recibo de haberes para acreditar domicilio e ingresos, y prohíbe exigir documentación adicional. El Poder Ejecutivo tendría un plazo máximo de 60 días corridos desde la promulgación para reglamentar la norma.

La sesión incluirá además el tratamiento de un régimen de becas estudiantiles, una modificación de la legislación sobre parto respetado y atención perinatal y la extensión del subsidio previsional a exagentes municipales. Estos proyectos fueron incorporados entre los asuntos que tendrán tratamiento con discursos acordados.

Dentro de los proyectos de ley también figura la propuesta para denominar “Fiscal Alberto Nisman” a la actual calle Combate de Costa Brava, en primera lectura, y la denominación de la plazoleta Carlos Manuel Muñiz, en el barrio de Retiro. Para ambos casos se requiere mayoría especial de 31 votos.

La agenda parlamentaria incorpora, además, iniciativas sobre señalética bilingüe en el Microcentro, el Casco Histórico y las estaciones de subte; la jornada anual “Infancias Libres de Etiquetas”; la homologación de condonaciones tributarias autorizadas por la AGIP; modificaciones vinculadas con la Obra Social Penitenciaria y la aceptación de la donación de una pagoda china para su emplazamiento en Barrancas de Belgrano.

El cuerpo legislativo también avanzará con pedidos de informes sobre vivienda y hábitat, educación, salud, desarrollo social, espacio público y concesiones. Entre los temas incluidos aparecen el Plan Alquilar, los créditos de la Ley 341, las obras en escuelas, vacunación antigripal, paradores para personas en situación de calle, el servicio ECOBICI, la recolección de residuos y distintas concesiones.

Por último, el temario contempla trámites institucionales, entre ellos la designación del legislador Arturo García Rams como representante ante el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, modificaciones en los giros de distintos expedientes y declaraciones de Huéspedes de Honor y reconocimientos a personalidades del deporte y la cultura.