El antecedente de De Marinis

La Magistrada quedó en el centro de la escena luego de declarar inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseer a un adolescente de 14 años. Jorge Macri anunció que impulsará su juicio político. De Marinis ya había intervenido en el caso del ataque al playero Arturo López, que quedó con graves secuelas.

La jueza Laura Beatriz De Marinis quedó en el centro de la escena luego de declarar inconstitucional, para un caso concreto, el artículo de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil que establece la aplicación del sistema penal desde los 14 años. La decisión provocó una fuerte reacción de Jorge Macri, quien anunció que impulsará un juicio político contra la magistrada. Pero no es la primera vez que un fallo suyo genera repercusión pública, (ver nota).

De Marinis es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Inició su carrera judicial en 2006, antes de recibirse de abogada, y ocupó distintos cargos tanto en el Ministerio Público Fiscal como en el Ministerio Público de la Defensa. Desde 2017 se desempeñó en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta porteña.

Luego de participar del concurso para acceder al cargo, juró como jueza el 19 de diciembre de 2023 ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.

Apenas once días después de asumir, el 28 de diciembre de 2023, intervino en uno de los casos de violencia juvenil que mayor repercusión tuvo en los últimos años: el ataque contra Arturo López, el playero de un estacionamiento de Monserrat que había sido golpeado por un adolescente en noviembre de 2021.

El joven había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la agresión. De Marinis resolvió dejar sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía y dispuso su liberación bajo monitoreo mediante una tobillera electrónica, además de prohibirle salir del país. La decisión generó fuertes cuestionamientos de la familia de López, quien quedó con graves secuelas luego del ataque.

El caso había provocado una enorme conmoción pública por las imágenes de la agresión y por las consecuencias que sufrió el trabajador. López permaneció internado durante un largo período y quedó con dificultades motrices y para comunicarse. El agresor, que tenía 17 años al momento del hecho, había permanecido prófugo durante meses antes de ser detenido.

Ahora, De Marinis volvió al centro de la discusión por una resolución vinculada nuevamente con un adolescente. El lunes declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un joven de 14 años acusado de tentativa de robo.

Según explicó el propio juzgado, la decisión fue adoptada exclusivamente para ese caso y no implica suspender la vigencia general de la ley. La Magistrada sostuvo que la aplicación de la nueva normativa resultaba regresiva en las circunstancias particulares del expediente y que debía priorizarse el sistema de protección integral de derechos.

El caso involucró a un adolescente de 14 años que, junto con otros jóvenes, habría intentado sustraer las pertenencias de un hombre de 47 años. La resolución señaló que el hecho quedó en grado de tentativa y que no llegó a concretarse el desapoderamiento. De Marinis dispuso el sobreseimiento del adolescente y ordenó comunicar la situación al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La resolución generó una inmediata reacción política. Jorge Macri anunció que instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para avanzar con un pedido de juicio político contra la magistrada. El Jefe de Gobierno calificó el fallo como “una locura” y cuestionó que los jueces puedan apartarse de una ley sancionada por el Congreso.

“Los jueces tienen que hacer cumplir la ley. Si quiere escribir nuevas leyes, que se presente como diputada o senadora”, sostuvo Macri al cuestionar la decisión de De Marinis.

La jueza, además, había expuesto públicamente su mirada sobre la Justicia Penal Juvenil. En una entrevista realizada meses atrás, habló de la necesidad de que el proceso penal de los adolescentes tenga una finalidad socio-educativa y manifestó reparos sobre la reforma del régimen, entre ellos el riesgo de que conflictos que antes se abordaban fuera de la Justicia penal terminaran judicializados.

De esta manera, el fallo sobre el adolescente de 14 años volvió a poner bajo la lupa a una magistrada con una trayectoria específica en materia de menores y que, desde que asumió su cargo, ya había quedado involucrada en otro expediente de enorme repercusión pública. Ahora, su decisión sobre la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil abrió además una disputa institucional que podría continuar en las instancias superiores de la Justicia porteña.