La Policía de la Ciudad llevó a cabo una investigación que culminó con el secuestro de 5.300 vapeadores y 3.200 frascos con esencias, cuyo valor de mercado supera los 10 millones de pesos. La persona responsable, una mujer venezolana, fue imputada por vender mercadería peligrosa para la salud.

Tras una investigación, la Policía de la Ciudad llevó a cabo dos allanamientos en Recoleta y Puerto Madero, secuestrando 5.300 cigarrillos electrónicos y 3.200 frascos de esencias, mercadería valuada en más de 10 millones de pesos. Una mujer venezolana de 30 años fue imputada por vender productos nocivos para la salud, un delito que puede ser penado con hasta 10 años de prisión.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Dr. Blas Matías Michienzi, encomendó a la Policía de la Ciudad llevar a cabo una investigación acerca del origen e ingreso al país de cigarrillos electrónicos y vapeadores, comercializados a través de una marca con presencia en varias redes sociales.

A raíz de los trabajos realizados por la División Delitos Contra la Salud y la Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad se comprobó que una mujer de nacionalidad venezolana ingresaba al país y vendía estos productos, cuya comercialización no se encuentra permitida ni regulada por la ANMAT.

A la luz de las pruebas recabadas, la UFEMA solicitó al juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo del Dr. Carlos Horacio Aostri, que librara las órdenes para allanar dos oficinas en avenida Santa Fe al 1700 y en Rosario Vera Peñaloza al 600.

La medida fue cumplimentada por la división a cargo de la investigación, con colaboración de personal de ANMAT, de la AGIP y del Ministerio de Salud, arrojando como resultado el secuestro de 5.300 cigarrillos electrónicos y vapeadores con sus correspondientes baterías y 3.200 frascos con esencias de vapeo, mercadería con un valor de mercado superior a los 10 millones de pesos.

La persona responsable, una ciudadana venezolana de 30 años fue imputada por ejercer ilegalmente una actividad, y por suministrar o vender mercadería peligrosa para la salud, un delito contra la salud pública reprimido con 3 a 10 años de prisión y multas de 10.000 a 200.000 pesos.