La Legislatura porteña aceptó este jueves la renuncia de Paola Vanesa Michielotto a la presidencia del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad a partir del 9 de diciembre, ya que luego asumirá como diputada de la Ciudad. En su lugar será designado Alejandro Ameijenda, tal como recomendó el despacho conjunto de la Junta de Ética y la Comisión de Consumidores y Usuarios.

Este jueves y a propuesta del presidente del interbloque Vamos Juntos la Legislatura porteña aceptó la renuncia de Paola Vanesa Michielotto a la presidencia del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad a partir del 9 de diciembre, ya que luego asumirá como diputada de la Ciudad. En su lugar será designado Alejandro Ameijenda, tal como recomendó el despacho conjunto de la Junta de Ética y la Comisión de Consumidores y Usuarios.

El procedimiento legislativo se inició a comienzos de agosto pasado al producirse la recepción del pliego remitido por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el 4 de octubre una audiencia pública efectuada en el salón Presidente Perón de la sede parlamentaria, evaluó la idoneidad del candidato.

Durante una reunión efectuada este miércoles en el salón Ciudad de Montevideo se firmó el dictamen conjunto de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control que encabeza la diputada Paula Villalba (PRO) y de la Comisión de Consumidores y Usuarios que preside el diputado Hernán Arce (PS). Participaron también con su rúbrica los legisladores Daniel Presti, Christian Bauab, Lía Rueda, Carolina Estebarena, Agustín Forchieri, Cristina García, Mercedes de las Casas (PRO), Hernán Rossi (SUMA+), María Rosa Muiños y Silvia Gottero (BP). Además, la Junta de Ética firmó el dictamen ratificando la idoneidad del postulante.

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, por el artículo 138 de la Constitución, es un organismo de control instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, autárquico, con personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal.

Ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto.