En la Legislatura porteña se reunió la Comisión de Justicia, donde los diputados debatieron un proyecto que busca modificar la Ley 269 para incorporar al deudor alimentario moroso en el Registro de Anotaciones Personales del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad. También sesionó la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad.

Este jueves, en el Salón Presidente Alfonsín de la Legislatura de la Ciudad, se reunió la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, conducida por su presidenta, la diputada María Sol Méndez, acompañada por los legisladores Delfina Velázquez, Jessica Barreto, Aldana Belén Crucitta, Victoria Freire, María Fernanda Mollard, Sergio Hernán Siciliano y Andrea D’Atri.

Los expedientes tratados estuvieron vinculados a propuestas sobre conmemoraciones, reconocimientos y distintos pedidos de informes al Poder Ejecutivo.

Se propuso conmemorar, a través de varios proyectos presentados por diferentes diputados, el "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", que se celebra cada 25 de noviembre. La fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en honor a las hermanas Mirabal, activistas políticas asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) en la República Dominicana.

En el mismo salón se reunió la Comisión de Justicia para avanzar en el tratamiento de diversos expedientes, entre los cuales se destacó la modificación del artículo 14 de la Ley 269, que incorpora la anotación del deudor alimentario moroso en el Registro de Anotaciones Personales del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad.

El encuentro fue conducido por la presidenta de la comisión, María Inés Parry, y la vicepresidenta, Claudia Neira. Durante el debate, los legisladores subrayaron que “la presente modificación tiene como objetivo reforzar la eficacia de las medidas conminatorias contra el incumplimiento de las obligaciones alimentarias”.

La iniciativa, que sigue el modelo ya aplicado en otras jurisdicciones como la provincia de Córdoba, funcionará como incentivo para el cumplimiento voluntario de la obligación alimentaria, aportará transparencia y visibilidad, y se activará únicamente por orden judicial, garantizando así el debido proceso. Además, se estableció que la baja del deudor del Registro implicará el levantamiento inmediato de la anotación en el Registro de la Propiedad.