Por Claudio Ariel Romero

Legislador porteño por “Vamos Juntos”

Un sector del autodenominado progresismo de izquierda en Argentina se encuentra desorientado. Evita discutir la política y soslaya la ideología para expresar apenas deseos personales respecto de la interrupción del actual gobierno democrático.

Voces provenientes de ese sector promueven la caída antes de la finalización del mandato presidencia, preanuncian la posibilidad de repetir experiencias históricas de fracaso gubernamental con el propósito de convencer a una mayoría de argentinos que el actual es un mal gobierno.

Décadas atrás, los políticos argentinos solían adherir a un código tácito que enrolaba el debate profundo de las ideas con los proyectos partidarios. El curso democrático muestra que aquella sana práctica se ha degradado, particularmente por la pérdida de conceptos políticos fuertes y un desnivel intelectual evidente a la hora de analizar la realidad política del país y su sociedad.

Hoy, la racionalidad política sufre de desmayo a manos de los deseos confesos de ciertas personalidades de renombre de la oposición, desde donde se pretende instar a manifestaciones disruptivas, tanto como instalar un nuevo relato consecuente con la idea de que, en un marco democrático impecable, se promueve el miedo y se restringen libertades, derechos y garantías.

No resulta extraño que en el fogueo político dirigentes y militantes acomoden a su conveniencia la forma de ver la realidad. Sin embargo es inadmisible la inducción de ciertos sectores de la sociedad a la creencia de hechos inexistentes o exagerados para modelar una realidad ficticia por la que dicen sentirse afectados.

El progresismo original que nació en el siglo XIX es hoy sujeto de una metamorfosis peligrosa en América Latina, donde han surgido estos nuevos sectores pseudoprogresistas cuyo objetivo sustancial radica con exclusividad en la toma del poder político.

La democracia en cualquier país del mundo, y también en Argentina, tiene un límite moral que inhabilita a cualquiera de sus partes -sean éstas mayoritarias o minoritarias-, para atentar contra su estabilidad y vigencia. Fueron suficientes los aprendizajes con la última dictadura militar y los desgraciados desenlaces de dos gobiernos anteriores interrumpidos por hechos insalvables.

El gobierno de Cambiemos cumplirá el mandato otorgado por las urnas en 2015 y 2017, y legítimamente exigirá a la oposición una férrea cooperación para encarar las reformas estructurales que le permitan construir un nuevo país en el que cada argentino se realice a sí mismo en ese marco.

El Estado de derecho argentino está consolidado visiblemente con el respeto a las libertades de expresión y de prensa, con la transparencia que promueve en forma constante, con el pluralismo que defiende y con la dignidad de las personas que sostiene por sobre todas las cosas. Se fortalece además con la manifiesta independencia de los poderes, la adhesión irrestricta a los derechos humanos universales y la aprobación preliminar de la alternabilidad en el ejercicio del poder. Todo ello aún cuando voces extemporáneas lo nieguen.

Lo único que no se tolera es la amenaza del vandalismo político contra el límite moral de la democracia.