El Ministerio de Educación, a cargo de Mercedes Miguel, envió pautas a las familias y colegios ante la circulación de mensajes intimidatorios. Advirtió que se trata de un delito y detalló medidas preventivas, controles en las escuelas y posibles sanciones.

Ante la circulación de amenazas sobre posibles ataques en escuelas, el Ministerio de Educación difundió pautas preventivas y reforzó el protocolo de actuación para resguardar a la comunidad educativa.

A través de un correo enviado a las familias, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, advirtió que este tipo de mensajes “no son una broma” sino que constituyen un delito, y remarcó que distintas áreas del Gobierno trabajan de manera coordinada para investigar cada caso y actuar con rapidez.

En ese marco, se distribuyó un documento con lineamientos para los establecimientos educativos. Entre las medidas, se indica promover espacios de diálogo sobre los riesgos de estas conductas, supervisar sectores comunes y limitar la circulación de alumnos fuera del aula.

Como parte de estas acciones, en varios colegios de la Ciudad ya se comenzó a implementar una medida concreta: los alumnos deben asistir a clases con sus útiles en bolsas transparentes, en lugar de mochilas, con el objetivo de facilitar los controles y prevenir situaciones de riesgo.

El protocolo establece que, ante una amenaza grave, la escuela debe realizar la denuncia inmediata al 911 y dar intervención a las autoridades. En esos casos, la policía puede ingresar al establecimiento, solicitar información y revisar pertenencias, resguardando la intimidad de los estudiantes.

También se refuerza el rol de las familias, a quienes se les pide supervisar el uso de celulares, redes sociales y juegos en línea, además de prestar atención a cambios de comportamiento y posibles señales de alerta.

Respecto al funcionamiento escolar, se aclara que las clases continuarán con normalidad salvo indicación oficial. Las evacuaciones o suspensiones serán medidas excepcionales, definidas en función del riesgo.

El documento también advierte sobre las consecuencias legales. Las amenazas están tipificadas en el Código Penal, por lo que los estudiantes involucrados pueden enfrentar sanciones escolares y procesos judiciales, mientras que los adultos responsables podrían ser alcanzados por acciones civiles y penales.