Eliminan la rúbrica laboral
28 Julio 2026
El Gobierno porteño dejó sin efecto la obligación de rubricar la documentación laboral ante la autoridad local, en línea con los cambios introducidos por la legislación nacional. La medida busca simplificar trámites para los empleadores, sin modificar las facultades de fiscalización e inspección laboral que mantiene la Ciudad.
El Gobierno de la Ciudad eliminó la obligación de rubricar la documentación laboral prevista en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la Ley 27.802 y reglamentado por el Decreto 407/2026. La decisión apunta a simplificar procedimientos administrativos, al considerar que ese requisito perdió vigencia jurídica con el nuevo marco normativo nacional.
La resolución establece que, desde el 1° de junio de 2026, deja de ser obligatorio realizar la rúbrica de la documentación laboral ante la autoridad local y deroga las resoluciones y disposiciones que regulaban ese procedimiento. Además, determina que el período devengado correspondiente a mayo de 2026 será el último alcanzado por el régimen anterior.
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, sostuvo que la medida "refleja el compromiso del Gobierno de la Ciudad con una administración moderna, eficiente y alineada con el marco normativo vigente". Agregó que eliminar trámites sin sustento legal "reduce costos, simplifica procesos y brinda mayor previsibilidad a quienes generan empleo".
En la misma línea, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, afirmó que la adecuación normativa responde a la decisión del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de avanzar hacia un Estado más moderno y eficiente. También remarcó que la Subsecretaría continuará ejerciendo el poder de policía laboral para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y las condiciones de higiene y seguridad.
Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo aclararon que la eliminación de la rúbrica no modifica las competencias de fiscalización, inspección y sanción previstas por la Ley 265. En ese sentido, continuarán los controles sobre el cumplimiento de la normativa laboral y las condiciones de salud, higiene y seguridad en los lugares de trabajo.
La resolución también dispone que los trámites iniciados antes del 1° de junio de 2026 seguirán rigiéndose por las normas vigentes al momento de su presentación, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a los empleadores. Asimismo, la Dirección General Relaciones del Trabajo definirá cómo se resolverán las solicitudes pendientes y, cuando corresponda, el reintegro de los aranceles abonados.
Por último, se encomendó a la Dirección General Relaciones del Trabajo adecuar los sistemas informáticos, los procedimientos administrativos y los instructivos para implementar el nuevo esquema, manteniendo únicamente los trámites de rúbrica exigidos por leyes especiales que continúan bajo la competencia de la autoridad laboral local.
