Freno a las obras en “La Carbonilla”

El Gobierno porteño restringió el ingreso y acopio de materiales de construcción en el asentamiento de La Paternal para evitar nuevas edificaciones y ampliaciones no autorizadas. El operativo incluyó controles de accesos, retiro de vehículos abandonados e inspecciones comerciales, en un esquema similar al aplicado en la Villa 31.

Más de 100 agentes de distintas áreas del Gobierno porteño participaron de un operativo de ordenamiento y seguridad en “La Carbonilla”, el asentamiento ubicado en La Paternal donde las autoridades buscan frenar el crecimiento de nuevas construcciones y, especialmente, la expansión en altura.

La medida establece restricciones para el ingreso, traslado y acopio de materiales de construcción dentro del barrio popular, a partir de la resolución 472 del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). El objetivo es evitar que esos materiales sean utilizados para levantar nuevas edificaciones, realizar ampliaciones o ejecutar intervenciones que no cuenten con autorización.

El procedimiento seguirá un esquema similar al implementado en la Villa 31, donde se clausuraron 25 edificaciones prohibidas y diez fueron demolidas. También se retiró chatarra equivalente a 40 camiones, se cerraron seis corralones ilegales que funcionaban durante la noche y se colocaron más de 20 carteles para identificar obras y construcciones no permitidas.

En “La Carbonilla”, el operativo de este martes incluyó controles en los accesos, el acarreo de autos abandonados y la inspección de comercios. Los procedimientos alcanzaron desde locales de venta de celulares hasta depósitos y corralones de materiales para la construcción.

Participaron efectivos de la Policía de la Ciudad junto a equipos de Desarrollo Humano, la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Instituto de la Vivienda, Fiscalización, Higiene y la Comuna 15. El despliegue fue supervisado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

Durante el operativo Jorge Macri aseguró: “Estamos haciendo cumplir las reglas, con más seguridad y mejores condiciones de vida para los vecinos. No vamos a permitir que ninguna villa siga creciendo. Ley y orden en toda la Ciudad”.

“La Carbonilla” comenzó a formarse hacia fines de 2001 sobre terrenos nacionales ubicados junto a las vías del ferrocarril San Martín, en el sector delimitado por Perú, Manuel Trelles, Añasco y Espinosa. La situación dominial de los terrenos generó históricamente dificultades para ejercer controles urbanos sobre el asentamiento.

El barrio tuvo un crecimiento sostenido y actualmente supera los 4.000 residentes. El proceso también modificó las características de las construcciones: de las primeras casillas de chapa se pasó a edificaciones de varios niveles, con un crecimiento vertical que las autoridades consideran riesgoso por las condiciones estructurales y el nivel de hacinamiento.

Un relevamiento de la Dirección General de Abordaje Territorial en Barrios Populares sobre la evolución de las construcciones entre 2021 y 2025 detectó una expansión sostenida. Según el informe utilizado por el Gobierno porteño, se identificaron nuevas edificaciones levantadas sobre estructuras preexistentes, con alturas que van desde los tres metros hasta casos considerados críticos, de entre 12 y 20 metros.

La normativa del IVC encomienda a la Secretaría de Hábitat e Integración Social la elaboración de un “Protocolo para el Ingreso, Registro, Control y Autorización de Materiales de Construcción”. Su aplicación estará coordinada con las áreas de fiscalización, control urbano y la Policía de la Ciudad.

El control de las obras se realizará mediante equipos de fiscalización que identificarán las construcciones en ejecución que presenten irregularidades. Luego, la AGC podrá disponer las correspondientes clausuras.

Los operativos tendrán una frecuencia semanal y no estarán limitados a las obras. También se prevé controlar otras actividades consideradas irregulares dentro del asentamiento, entre ellas los depósitos de garrafas y las grandes distribuidoras de bebidas.

La decisión forma parte de una política más amplia de ordenamiento del espacio público y seguridad que el Gobierno porteño vincula con los operativos de saturación en distintos barrios, la recuperación de más de 900 inmuebles usurpados y los procedimientos contra la ocupación ilegal de la vía pública.

El objetivo oficial es evitar que continúe el crecimiento no autorizado de los asentamientos y establecer controles sobre las construcciones que, por sus características, puedan representar un riesgo para quienes viven allí y para el entorno.