Más controles en la Villa 31

El Gobierno porteño desplegó operativos en accesos, con retenes policiales y cambios en la circulación, para limitar el ingreso de materiales y avanzar sobre construcciones no autorizadas. El plan incluye controles, desalojos y clausuras en el barrio, donde viven unas 45 mil personas.

El Gobierno de la Ciudad puso en marcha un plan de ordenamiento en la Villa 31 con el objetivo de reforzar la seguridad y limitar el crecimiento de construcciones no autorizadas. Desde este jueves, se implementaron operativos en los accesos con retenes policiales y cambios en la circulación para impedir el ingreso de materiales de obra.

La iniciativa incluye fiscalización de construcciones, desalojos de terrenos y unidades ocupadas ilegalmente y un refuerzo de la presencia policial. El plan es coordinado por la Jefatura de Gabinete junto con los ministerios de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría Legal y Técnica.

“Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Como parte del plan de control de accesos, cinco de las 13 entradas vehiculares fueron transformadas en calles peatonales. Además, tres accesos contarán con puestos permanentes de la Policía de la Ciudad —que se suman a otros tres ya existentes—, dos calles cambiaron su sentido de circulación y se colocaron bolardos. También se prevén controles itinerantes.

Durante la jornada se realizaron operativos en distintos puntos de ingreso, entre ellos las intersecciones de Colibrí y Ramos Mejía, Yaguareté e Islas Galápagos, y Colibrí y Alberto Chejolán, en el área cercana a Retiro y al Paseo del Bajo.

Según el Gobierno porteño, el esquema de urbanización vigente desde 2016 no logró frenar el crecimiento urbano sin control ni ordenar el territorio, objetivos establecidos en la Ley 6.129.
En ese marco, se resolvió avanzar con nuevas medidas.

Macri también se refirió a un procedimiento reciente en el que se demolió una estructura utilizada para la venta de drogas: “Tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”.

Entre las acciones previas, el Gobierno destacó la eliminación de una feria ilegal sobre la calle Perette y el aumento de operativos contra ocupaciones. En ese contexto, se despejaron veredas utilizadas como depósitos, se removió un lavadero de autos que obstruía el paso y se desalojó una gomería instalada sobre un micro en desuso.

También se clausuraron corralones de materiales de construcción que funcionaban sin autorización, en línea con la normativa vigente que busca limitar nuevas edificaciones no reguladas.

El barrio, ubicado en cercanías de Retiro, ocupa unas 72 hectáreas y alberga a cerca de 45
mil personas. De acuerdo con datos oficiales, en el lugar se registran prácticas informales como la venta de “espacios aéreos” y alquileres con valores que oscilan entre $300 mil y $1 millón mensuales para viviendas, y entre $1,5 y $1,8 millones para locales comerciales.