El ministro Germán Garavano, por la Nación y Diego Santilli, por la ciudad de Buenos Aires, firmaron un convenio de cooperación vinculado al Registro de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.

El acuerdo de cooperación sobre el Registro de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) permitirá que los condenados en situación de rebeldía identificados por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos sean incorporados a la base nacional. Además fue presentado el Software de Búsqueda Forense que agilizará la resolución de requerimientos judiciales al CMU.

Este convenio de cooperación conlleva a establecer acciones conjuntas y coordinadas para identificar a las personas cuyo perfil genético deba incorporarse al RNDG.

El mismo, que funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, recepciona y entrecruza los perfiles de ADN de los agresores sexuales con condena firme y colabora con el Poder Judicial para esclarecer este tipo de delitos y así dar respuesta a las víctimas y sus familiares.

En ese marco, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño comunicará de forma inmediata al Registro los casos en los que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos identifique a personas condenadas por delitos contra la integridad sexual en situación de rebeldía ante la Justicia. Las mismas serán puestas a disposición de los respectivos juzgados, previa consulta y anuencia del magistrado interviniente.

“Quiero agradecerle a las Madres del Dolor, de víctimas, que nos están acompañando hoy. Es muy importante para nosotros escuchar, estar, acompañar, comprender, entender, y a partir de eso mejorar y corregir, es lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Gracias por estar”, aseguró.

Asimismo Diego Santilli destacó que con Germán Garavano han firmado una serie de convenios que permiten el exitoso trabajo del sistema de reconocimiento facial, que en 60 días ha identificado a 1043 prófugos que ya están a disposición de la Justicia.

“Hoy damos un paso más, apenas se detecte un condenado por delito sexual se lo incorporará al Registro de Datos Genéticos y de esta forma la Justicia puede condenar más rápido”, agregó el Vicejefe de Gobierno y subrayó: “No nos quedamos ahí, y hoy junto a todas las organizaciones de víctimas, avanzamos en un convenio más, que tiene que ver con que todo aquel que vayamos poniendo a disposición de la Justicia por delitos sexuales, van a entrar en un banco genético para que los tengamos bien registrados, y podamos determinar y seguir cada una de estas situaciones”.

Se tomarán en cuenta los requerimientos del Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de la Nación, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, registrados en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC).

“El desafío del Estado es tratar de combatir la impunidad dando elementos a la Justicia para que los delitos que se cometieron puedan ser sancionados y para poder prevenir, porque la impunidad genera un círculo vicioso, la persona cada vez comete más delitos al quedar impune. Cada hecho que se deja de cometer es una víctima menos”, señaló Garavano.

En ese sentido, el ministro resaltó: “El gobierno anterior ignoraba a las víctimas, las trataba de esconder, se centraba en la mirada y los derechos del victimario. El presidente Macri ha puesto el foco en la víctima, para que no sea maltratada y sea acompañada por el Estado. Es muy importante este cambio de paradigma porque todos podemos ser víctimas”.

“Este es un trabajo conjunto, integral, es un orgullo formar parte de este equipo que se propuso combatir el delito en nuestro país. La Ciudad está haciendo un trabajo enorme para prevenir el delito y brindar información a la Justicia y así resolver casos que hasta hace algunos años generalmente quedaban impunes”, concluyó el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El acto se realizó en la sede del Centro de Monitoreo Urbano del barrio porteño de Chacarita, ubicado en Jorge Newbery y Guzmán. Estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos Registrales, Martín Borrelli, el director del RNDG Jorge Dotto, e integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor como Isabel Yaconis, mamá de Lucila; Silvia Irigaray, madre de Maximiliano Tasca; Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano; Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson; Guillermo y Victoria Bargna, padres de Soledad Bargna, y Gustavo Melmann, papá de Natalia.

Tras el anuncio, Isabel Yaconis expresó: “Cuando fuimos a pedir hace unos años el registro de ADN nos dijeron que ya estaba absolutamente todo formado, y nos mintieron. Entonces tenemos que agradecer que ahora nos hayan escuchado, que hayan sacado eso de un cajón que estaba lleno de tierra, y que ahora se siga adelante”.

Por su parte, Viviam Perrone manifestó que “cuando se habló de poner cámaras en la ciudad hace muchos años atrás alguien criticó diciendo 'que quieren convertir la ciudad? en un gran hermano?'. Qué gran error, porque hoy las cámaras descubren inmediatamente lo q está sucediendo. Quizás no llegábamos a evitar el hecho, pero aquel asesino que le quitó la vida a mi hija en el año 2003 hubiera tenido un rostro si hubiera estado el domo que hoy está en el lugar. Así que simplemente muchas gracias y apoyen al registro nacional de huellas genéticas en todo el país”.

Además fue presentado el software de Búsqueda Forense, enmarcado en el Sistema Integral de Video Vigilancia de la Ciudad, el cual está destinado a colaborar con las investigaciones judiciales o policiales que requieran un análisis de imágenes registradas por las 7.329 cámaras instaladas en todo el distrito.

Durante el año 2018, el Centro de Monitoreo Urbano recibió 39.757 requerimientos de la Justicia tanto Federal, como Nacional, provinciales o de la Ciudad, para que se aporten registros fílmicos a las investigaciones que realizan. Hasta el 25 de junio de este año, esos requerimientos llegaron a 21.576.

En esencia, el sistema realiza una búsqueda determinada en función de determinados parámetros que se cargan para realizar una investigación, como vehículos, lugares físicos, personas u objetos. La línea de tiempo disponible es de 60 días, que es el lapso durante el cual las imágenes registradas por las cámaras de la Ciudad son archivadas, salvo requerimiento judicial expreso.

El beneficio de este programa consiste en reducir las horas que el personal que opera el área de Requerimientos Judiciales y de Registro de Imágenes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) dedica a las investigaciones y agilizar la resolución de los pedidos.

Al respecto, Diego Santilli destacó: “Ya tenemos el reconocimiento facial, las cámaras, y otro de los sistemas que vamos a poner es este. Puede rastrear en línea de tiempo sobre las imágenes de las cámaras que tiene la ciudad y ese es el objetivo, que ante el pedido del juez, la respuesta sea lo más rápida posible para hacer que la justicia llegue en tiempo y forma”.