Durante la segunda jornada de debate del Presupuesto 2026, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y representantes de distintos organismos del Poder Judicial, como el Tribunal Superior, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría del Pueblo, presentaron sus proyecciones y necesidades ante los legisladores.

La Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, presidida por la diputada Paola Michelotto, continuó con el tratamiento del expediente 2633-J-2025, que eleva el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2026.

En primer lugar, expusieron ante las diputadas y los diputados de la comisión representantes del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Magistratura. Las presentaciones estuvieron a cargo del Dr. Fermín Igarzabal, secretario judicial del Ministerio Público Fiscal, y de la Dra. Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General del Poder Judicial de la Ciudad.

Luego fue el turno de los funcionarios responsables de las jurisdicciones del Ministerio de Justicia, de la Procuración General y de la Defensoría del Pueblo.

El ministro de Justicia, Gabino Mario Tapia, asistió con su equipo y comenzó su exposición agradeciendo la oportunidad de presentar los objetivos desarrollados y los que se proyectan para el próximo período.

“Hace un año, en este mismo salón, hice esta presentación. Teníamos un gran desafío, que era generar una agenda nueva en un ministerio nuevo, y eso estaba apalancado en una razón: la consolidación de esa autonomía imperfecta, 31 años después de la reforma constitucional y de la Constitución de la Ciudad, que aún quedaba pendiente de perfeccionar. Varias cosas se lograron”, señaló. Y destacó “el recupero de ese 2,95% de la coparticipación federal”, además de mencionar “el traspaso de las 30 líneas de colectivos que recorren únicamente la Ciudad” y celebrar “la sanción de un Código Procesal Laboral que brinda el marco para una resolución rápida de los conflictos, tanto para trabajadores como para empleadores”.

“A partir de la puesta en funcionamiento del fuero laboral, estamos trabajando de manera conjunta con el Consejo de la Magistratura en el diseño de un modelo judicial más ágil, más efectivo y más cercano”, afirmó el funcionario. Agregó que “impulsamos la ley del Servicio Penitenciario de la Ciudad y la ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad”, actualmente en debate legislativo, con la participación de todos los bloques, para que la Ciudad cuente con un servicio penitenciario propio.

“En relación con el presupuesto del Ministerio de Justicia vigente al cierre del tercer trimestre, el grado de ejecución es del 75%”, detalló, y anticipó que para el próximo año será de “102.887 mil millones de pesos”.

Respecto al futuro de la autonomía porteña, el ministro adelantó que se trabajará en la “creación de un Observatorio de Competencias Porteñas que permita monitorear, documentar y optimizar el proceso de transferencias aún pendientes, en particular en las áreas vinculadas con la Inspección General de Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Puerto de Buenos Aires, la Terminal de Ómnibus de Retiro y las competencias jurisdiccionales en materia civil, laboral, comercial y penal, con el fin de fortalecer institucionalmente y transparentar el proceso”.

Finalmente, anunció que “se creará el Centro de Justicia Cercana, una innovación estratégica y territorial que articula servicios judiciales, gubernamentales y comunitarios, para brindar una respuesta rápida a las problemáticas que surjan en los barrios”.

El procurador general, Martín Ocampo, destacó que “actualmente se llevan adelante 40 mil juicios” y planteó que “uno de los puntos centrales de la gestión es la incorporación de la inteligencia artificial en los trámites, que demuestra claramente el camino hacia la mejora”. Luego citó como ejemplo “la Mesa de Entradas, donde se recibe la notificación, se clasifica, se identifica qué abogado interviene, se indican los plazos procesales y se genera la información que luego pasa a un tablero de control, también mediante IA”, y definió que “es un sistema de control de gestión”.

También expresó que esta incorporación ha mejorado notablemente los tiempos de trabajo: lo que antes demandaba dos horas, hoy se realiza en un minuto y medio. No obstante, destacó que “todo se realiza bajo normas y protocolos para el uso responsable de la IA”.

La última exposición fue la de la Defensoría del Pueblo, a cargo de su titular, María Rosa Muiños, quien estuvo acompañada por los defensores adjuntos y los directores del organismo.

Luego de agradecer a los legisladores “la oportunidad de esta invitación y el empeño en sostener las rondas informativas, que apuntan a rendir cuentas sobre lo que hace cada área con los impuestos que pagan los porteños”, la Defensora desarrolló su presentación en torno a tres ejes principales que articulan la gestión del organismo.

El primero, detalló, “es la atención vecinal. Para ello, se han establecido criterios y prácticas para fortalecer el registro y la gestión de las consultas y reclamos, ya sea de manera presencial o a través de otros canales de contacto, mediante una única plataforma interoperable: un portal de consultas para agilizar los trámites”. Agregó que este año “se atendió a más de 26 mil personas, un 24% más que el año anterior”.

El segundo eje, explicó, es el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Para ello, se realizaron cursos, talleres, jornadas y otras acciones de formación en las que participaron más de 6 mil personas.

Destacó también que “el correo electrónico, el WhatsApp y las líneas telefónicas fueron herramientas importantes para llegar a sectores más amplios de la población. Estos medios implicaron que la Defensoría atendiera más de 45 mil trámites”, y precisó que “el tema de la vivienda volvió a ocupar el primer lugar, con un 15%, seguido por los derechos de los consumidores y administrados, con un 10%”.

Finalmente, el tercer eje involucra la innovación organizativa y tecnológica, lo que permitió la aprobación de una serie de disposiciones y resoluciones internas destinadas a mejorar la gestión y el desarrollo institucional con soporte digital.