El Gobierno aceptó la renuncia de Alejandra Magdalena Gils Carbó al cargo de procuradora General de la Nación. Lo hizo a través del decreto 898/2017, que fue publicado en el Boletín Oficial de este lunes con la firma del presidente Mauricio Macri y del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano.

Gils Carbó había presentado su renuncia el 30 de octubre a través de una carta que indicaba que la dimisión tendría “efectos a partir del 31 de diciembre del corriente año”. “A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, aseguró en la misiva.

La procuradora, quien había asumido en agosto de 2012 en reemplazo de Esteban Righi, deja el cargo acorralada por dos decisiones judiciales. En primer lugar, el 12 de agosto el juez Julián Ercolini la había procesado por la compra del edificio de la Procuración. La jefa de los fiscales está acusada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por otra parte, un fallo del fuero Contencioso Administrativo abrió la puerta para remover a la Procuradora sin juicio político.

La semana pasada Cambiemos y el PJ presentaron en el Senado un proyecto para reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal, que limita a cinco años el mandato del procurador general de la Nación y habilita al Poder Ejecutivo a removerlo por decreto.

El gobierno de Macri mantuvo una relación tensa con la procuradora. Antes de asumir en diciembre de 2015, el Jefe de Estado admitió públicamente que pretendía que Gils Carbó diera un paso al costado. Esa intención se mantuvo durante este año y medio de gobierno de Cambiemos.