El legislador de la Ciudad, Yamil Santoro, presentó una denuncia por “averiguación de delito” con el objetivo de esclarecer el origen de los fondos utilizados por varios influencers argentinos que participaron en actos del gobierno de Maduro.

El diputado liberal Yamil Santoro, junto a los abogados José Magioncalda e Ignacio Falcón, y Manuel Gorostiaga, más conocido como "Danann", presentaron una averiguación de delito ante la justicia para esclarecer el financiamiento de varios influencers argentinos y miembros de grupos afines al oficialismo venezolano. En particular, se solicitó el congelamiento de cuentas bancarias y la apertura de una investigación sobre un posible lavado de activos.

Los firmantes requirieron que se investigue el origen de los fondos utilizados para financiar a los posibles implicados, presuntamente provenientes de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, en el marco del artículo 303 del Código Penal.

La presentación también alude al antecedente de Omar Suárez, alias "Michelo", un propagandista del régimen chavista a quien el propio Santoro había señalado semanas atrás en Argentina por apología del crimen e incitación a la violencia. Michelo fue una figura visible en los encuentros del grupo de argentinos en Caracas, donde promovieron consignas afines al régimen, como la negación de la pobreza en Venezuela.

Entre las pruebas presentadas, destacan registros de redes sociales donde los influencers compartieron contenido apoyando la "asunción" del dictador Nicolás Maduro, denunciado por crímenes de lesa humanidad y con pedido de captura internacional. Las publicaciones incluyen frases como «Si tocan a Venezuela, qué quilombo se va a armar», en línea con el discurso oficial del régimen.

Los solicitantes señalaron que el costo del viaje y la estadía, estimado en más de 72.000 dólares para el grupo, fue financiado por la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), liderada por Maduro. La invitación lleva la firma de Grecia Colmenares, ministra de Juventud de Venezuela y figura clave del régimen.

A raíz de estas pruebas, se destacó que casi todas las entidades bancarias de Venezuela están sancionadas por la OFAC. Asimismo, se solicitó cooperación internacional, amparada en la Ley 24.767 de Cooperación Penal, para esclarecer el origen de los fondos utilizados y las intenciones detrás de este financiamiento.

“Si los hechos se confirman, estaríamos frente a un grave caso de lavado de activos que no puede ser ignorado. Además, este caso pone en evidencia el intento del régimen venezolano de blanquear su imagen internacional a través de actores de bajo perfil”, señaló Santoro.

Los solicitantes advirtieron que el financiamiento de personas con escasa notoriedad pública sugiere objetivos más profundos, como la participación en actividades ilícitas vinculadas al régimen. Además, subrayaron la necesidad de investigar posibles vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, considerando las acusaciones internacionales contra Maduro y su círculo cercano.