En medio de los recortes y la reducción del gasto público, el Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), entregó parte de un inmueble estatal a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que ya anticipó su intención de quedarse con todo el edificio.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete, resolvió reasignar el uso del primer piso del inmueble ubicado en Tinogasta 5268/70, en Villa Devoto, a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Se trata de un espacio de más de 760 metros cuadrados perteneciente al Estado Nacional, bajo la órbita de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Según la resolución 67/2025, publicada en el Boletín Oficial, el lugar será utilizado para almacenamiento y depósito de mobiliario, además de servir como sede del Departamento de Mantenimiento, Producción y Servicios Generales y del Departamento de Patrimonio de la universidad.

La medida se enmarca en la política del Gobierno nacional de “racionalizar el espacio físico del Estado”. Sin embargo, la decisión genera controversia, mientras se cierran organismos, se reducen presupuestos educativos y se venden activos públicos, la administración de Milei otorga un inmueble en uso gratuito a una institución con vínculos políticos y simbólicos con el kirchnerismo.

De hecho, la propia universidad manifestó su interés en ampliar la cesión a la totalidad del edificio, una vez que el resto del inmueble quede desocupado. En esa segunda etapa, ofreció como contraparte devolver el edificio que actualmente ocupa en avenida Rivadavia 4615, también propiedad estatal.

El predio de Villa Devoto -identificado catastralmente como Circunscripción 15, Sección 87, Manzana 10, Parcela 21ª- fue inspeccionado por técnicos de la AABE, que constataron que el primer piso está vacío y en condiciones de uso. Aun así, la resolución deja abierta la posibilidad de una nueva reasignación futura, que podría consolidar el control total del inmueble por parte de la universidad.

El trámite fue aprobado sin observaciones por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, lo que refuerza el aval político a una decisión que, bajo otro contexto, el propio Gobierno podría haber cuestionado.

La paradoja es evidente, un gobierno que denuncia el “Estado elefante” y promete vender los activos públicos termina entregando inmuebles estatales a una universidad que simboliza el aparato político que dice combatir. En nombre de la eficiencia, el discurso liberal vuelve a chocar con la práctica del poder.