El Gobierno argentino recibió nuevamente, por parte de la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas de Estados Unidos, la categoría “Tier 1”, el máximo reconocimiento internacional por sus políticas públicas destinadas a combatir, prevenir y erradicar la trata de personas.

Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, explicó que, desde el inicio de la gestión, “tomamos una decisión concreta: luchar contra las mafias y el crimen organizado y estar del lado de la gente”. Y agregó que, en estos tres años y medio, “rescatamos, contenemos y asistimos a más de 4400 víctimas de trata en todo el país. Esta distinción ratifica el camino elegido”.

En el informe elaborado por la administración norteamericana, se puntualizó que “Argentina continuó demostrando esfuerzos serios y sostenidos” durante el periodo examinado. Asimismo, desarrolló un diagnóstico con los logros obtenidos, destacando el aumento en las investigaciones, los procesamientos y las condenas y la detección y asistencia a las víctimas.

Por su lado, el titular de Justicia, Germán Garavano, remarcó el papel esencial del trabajo articulado entre la Justicia y las fuerzas de seguridad para combatir este delito. Enfatizó que una de las labores más importantes comienza luego del rescate a las víctimas: “Hay que asistirlas, protegerlas y acompañarlas a través de procedimientos de cada organismo del Estado”.

La oficina y el Gobierno nacional coincidieron en la necesidad de incrementar esfuerzos para integrar y recolectar datos sobre la protección a las víctimas. Así, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la (Organización Internacional para las Migraciones) OIM, Argentina será el primer país de América Latina en realizar una Estadística Criminal sobre trata. A su vez, también creará una base nacional de asistencia a víctimas de todo el país.

Además, el documento y el Ministerio recalcan que, en comparación con el 2017, en Argentina durante el último año hubo 43 procesamientos más por el delito de trata de personas y se duplicaron los casos con condenas, pasando de 32 a 71. Mientras que las penas de prisión promediaron los 5,5 años y en la mayoría superaron los seis.

De esta manera, obtuvo por segunda vez (la primera había sido en el 2018) el máximo reconocimiento, calificación que actualmente sólo comparte en la región con Chile y Colombia. Así se mantiene en la escala más alta de la evaluación que abarca a las naciones que “cumplen plenamente con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas”.

Por su lado, Carolina Barone, coordinadora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad e integrante del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, afirmó que en estos tres años “avanzamos en pasos concretos: incorporamos una formación obligatoria sobre trata de personas en las fuerzas, establecimos un protocolo unificado de detección e investigación y creamos un sistema federal con una base nacional de datos”.

Finalmente, es preciso destacar que es el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata (conformado por los Ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Salud y Desarrollo Social y Producción y Trabajo) el órgano nacional responsable de diseñar y monitorear el cumplimiento del Plan Nacional Bienal de combate contra dichos delitos.