La Cámara de Diputados de la Nación por 222 votos positivos y una abstención el proyecto de ley que fue consensuado entre la mayoría de los bloques de la oposición para prorrogar la emergencia alimentaria hasta el 31 de diciembre de 2022.

Con movilización de las organizaciones sociales en las afueras del Congreso, los legisladores aprobaron en el recinto el proyecto que se estima tendrá un costo fiscal de entre 8.000 a 10.000 millones de pesos. Ahora, la iniciativa deberá ser discutida en el Senado.

El texto dispone, en su artículo 4, un “incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de los créditos presupuestarios vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.

El proyecto, que fue motorizado por todas las vertientes del peronismo y otros bloques provinciales, faculta al Ejecutivo para la reasignación de las partidas presupuestarias.

Así, el jefe de Gabinete podrá, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualizar trimestralmente las partidas, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.

Además, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.

Arrancó con el debate el jefe del bloque Red por Argentina, Daniel Arroyo, quien consideró que esta ley “puede ayudar a poner un piso a la caída social” y es lo “mínimo” que “necesita nuestro país”. “Estamos ante una situación compleja y delicada”, señaló, al tiempo de remarcar el aumento de comedores comunitarios en el último tiempo.

Por el oficialismo, el cívico Héctor “Toty” Flores sostuvo que “es necesario acompañar a la gente que está sufriendo, luego de la crisis cambiaria del año pasado, que se ha profundizado con la crisis post PASO”. Pero además opinó que “la salida de la Argentina es trabajar, trabajar, trabajar”.

Luego fue el turno del diputado Juan José Bahillo, del bloque Justicialista, quien recordó las “advertencias” que se le hicieron a la gestión de Mauricio Macri antes de arribar a la situación actual. “Llegamos hasta acá por el modelo económico que ha llevado adelante el Gobierno”, apuntó.

Al momento de la votación en particular, el entrerriano propuso la incorporación de un artículo para que “el incremento presupuestario” vaya “coparticipado a las provincias y los municipios”. Pero el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (Pro), rechazó el planteo al sostener que este aspecto estaba “aclarado en el artículo 1, al hacer referencia al decreto 108/2002”.

A su turno, el presidente del bloque del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, salió al cruce del candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. “El senador (Miguel) Pichetto tiene razón, esto no es Biafra, esto es la Argentina de Mauricio Macri y de Cambiemos”. En su discurso, el legislador enfatizó que “el hambre es un problema moral” en Argentina, por eso “tenemos que empezar a producir políticas que nos permitan resolver esto de fondo”.

En el cierre, el jefe del bloque Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, expresó que “los problemas sociales se resuelven con políticas económicas” y “lo que estamos haciendo acá son paliativos”. “Los problemas sociales se resuelven cuando Argentina retome un rumbo de crecimiento”, afirmó.

También, el titular de la bancada K agradeció el acompañamiento del oficialismo a la iniciativa y señaló que “en un clima de tenue tensión social como existe en Argentina, que la Cámara de Diputados decida sesionar para abordar uno de los problemas de la economía cotidiana, seguramente va a ser bienvenido”.

Finalmente, el jefe del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, reflexionó que “el problema de la pobreza no solo es transcendente, sino que detrás de eso se suma la desigualdad”. Reconoció que el Gobierno podría haber prorrogado la emergencia alimentaria por DNU, pero destacó: “Nos parecía adecuado que en este contexto esa definición la tome el Congreso”.