Impulsan plan para regular aplicaciones

Ante la falta de regulación y la reciente condena judicial, legisladores del bloque Fuerza por Buenos Aires presentaron dos proyectos en la Legislatura de la Ciudad para profesionalizar las aplicaciones de transporte de pasajeros, garantizar la seguridad de los usuarios y terminar con la informalidad.

Luego del reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, que cuestionó las omisiones de control del Gobierno de la Ciudad frente a las plataformas digitales de transporte (ver nota), el bloque Fuerza por Buenos Aires avanza con iniciativas legislativas para establecer un marco regulatorio integral para empresas como Uber, Cabify y similares que operan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La legisladora Graciana Peñafort presentó un proyecto que propone un esquema regulatorio integral para estas plataformas. Con anterioridad, en noviembre del año pasado, el diputado Alejandro Grillo había impulsado una iniciativa orientada a saldar el vacío normativo que afecta a miles de trabajadores y usuarios. Ambas propuestas convergen en los lineamientos centrales de la regulación.

Los proyectos definen la actividad como un "Servicio Privado de Interés Público de Transporte Urbano de Pasajeros" y establecen dos registros obligatorios: uno para las empresas operadoras y otro para los conductores habilitados. Entre las obligaciones para las plataformas, se contempla la fijación de domicilio legal en la Ciudad, la inscripción ante los organismos tributarios y la contratación de seguros que cubran a conductores, pasajeros y terceros. Además, se prevé que las empresas aporten un 1% del valor de cada viaje para financiar tarifas accesibles del transporte público.

Las iniciativas también exigen que las plataformas informen el funcionamiento de los algoritmos que asignan viajes, permitan revisiones personales ante suspensiones de cuentas y garanticen transparencia en los criterios de evaluación de conductores. En materia de condiciones laborales, se establece un descanso obligatorio mínimo de 12 horas cada 24 horas para los choferes conectados a las aplicaciones. Asimismo, las empresas deberán garantizar espacios de descanso y servicios sanitarios para los conductores dentro de la Ciudad, ya sea en forma directa o mediante convenios con terceros.

En relación con los conductores, las propuestas exigen licencia profesional, Verificación Técnica Vehicular, seguro específico para transporte oneroso, normas de seguridad para pasajeros y libre deuda de infracciones, entre otros requisitos.

En los fundamentos del proyecto de Peñafort se cita el fallo de la Cámara de Apelaciones, dictado en la causa iniciada por el Sindicato de Peones de Taxis, donde se sostuvo que el gobierno porteño incurrió en omisiones de control frente a una actividad que funciona desde hace años sin regulación específica. El Tribunal remarcó además que la situación debía resolverse mediante una ley dictada por el órgano competente.

Las iniciativas también mencionan antecedentes regulatorios internacionales en Chile, Italia y Francia, así como normativas aprobadas en provincias argentinas como Mendoza y Catamarca, y ordenanzas municipales en Córdoba, Corrientes y La Rioja.
La propuesta de Fuerza por Buenos Aires busca integrar las nuevas tecnologías con el sistema de transporte existente, eliminar la competencia desleal y asegurar que cada viaje se realice en unidades controladas por el Estado. En los fundamentos de la iniciativa presentada por Peñafort se sostiene que esta intervención parlamentaria es imperativa para cerrar una década de conflictos: "La sanción de esta ley no solo moderniza el sistema de transporte, sino que es el instrumento necesario para restaurar la normalidad jurídica y tributaria en la Ciudad".