La Fiscalía de la Ciudad ordenó una inspección en un establecimiento que funcionaba como centro médico, en el barrio de San Nicolás, el cual fue clausurado tras comprobarse la existencia de fármacos cuya procedencia no pudo ser establecida, otros sin rotular, medicamentos vencidos y sin troquel, además de otras irregularidades.

La fiscal María Valeria Massaglia ordenó la realización de una inspección en un establecimiento que funcionaba como centro médico, en el barrio de San Nicolás, el cual fue clausurado tras comprobarse la existencia de fármacos cuya procedencia no pudo ser establecida, otros sin rotular, medicamentos vencidos y sin troquel, además de otras irregularidades.

El caso se inició a partir de la investigación de un caso anterior sobre ejercicio ilegal de la medicina y venta de medicamentos sin autorización en un spa ubicado en la calle Maipú al 300, en el Microcentro porteño. A partir del análisis de los elementos secuestrados en esa ocasión, se abrió una nueva línea de investigación que permitió corroborar que a pocas cuadras de allí funcionaba otro establecimiento en el cual se realizaban tratamientos médicos ilícitos.

Por tal motivo, la fiscal Massaglia ordenó la realización de la inspección en el establecimiento investigado, ubicado en la calle Carlos Pellegrini al 100, el cual funcionaba como centro médico.

El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, de la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía de la Ciudad, de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Frontera del Ministerio de Salud de la Nación, de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de las Direcciones de Fiscalización y Control y de Control Ambiental del GCBA.

En el procedimiento se encontraron diversos productos con activos farmacológicos sin los correspondientes datos de elaboración y composición. Además, se hallaron botellas de gaseosas, bidones y goteros conteniendo líquidos con hierbas en su interior, con rótulos que indican enfermedades, como diabetes y artritis, sin identificar procedencia. También se encontraron aproximadamente 20 litros de procaína, cuyo uso específico es anestésico local, sin identificación del elaborador ni sus fechas de fabricación y vencimiento.

Ante tal situación, la fiscal imputó a una persona por el delito de producción o fabricación ilegal de sustancias medicinales, tipificado en el artículo 204 ter del Código Penal. Además, se dispuso el secuestro de todos los materiales que tuvieran que ver con la elaboración, fraccionamiento, rotulación y distribución de las sustancias no autorizadas, como así también de todas las computadoras e historias clínicas halladas. Al mismo tiempo, se dispuso la clausura administrativa del establecimiento y el labrado de las actas correspondientes a las falencias y faltas corroboradas.